El Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda quedó en silencio por primera vez en décadas. A principios de este mes, el acceso al histórico predio de calle Suipacha al 100 fue clausurado y todas las actividades deportivas, artísticas y recreativas quedaron suspendidas. Cadenas, cintas perimetrales y carteles con la leyenda “Propiedad del Ferrocarril Belgrano. Prohibido pasar” marcaron el cierre de un espacio que hasta hace pocos días recibía diariamente a niños, jóvenes y adultos para practicar artes marciales, calistenia, fútbol, vóley, danza aérea y otras disciplinas.
Mientras los profesores retiraban sus pertenencias, comenzó a conocerse el entramado administrativo y judicial que derivó en el desalojo de un inmueble cuya historia está estrechamente ligada al patrimonio ferroviario nacional.
La disputa por el predio
Hasta la década de 1990, Ferrocarriles Argentinos concentraba la operación del sistema ferroviario y la administración de sus bienes. Con las privatizaciones y concesiones, numerosos terrenos, estaciones, galpones y playas de maniobras permanecieron bajo la órbita estatal al haber quedado sin uso ferroviario.
En 1996, mediante el Decreto 1.383, se creó el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief), encargado de administrar, conservar, transferir o vender esos inmuebles. Cuatro años más tarde, el Decreto 443 dio origen al Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), que absorbió las funciones del Enabief y amplió su competencia a otros bienes estatales.
La reorganización continuó en 2008 con la creación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adifse) y de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), organismos destinados a reorganizar el sistema ferroviario. En 2012, el Decreto 1.382 creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que reemplazó al Onabe y asumió la administración de los bienes muebles e inmuebles del Estado nacional.
El esquema volvió a modificarse en 2015 con la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, organismo encargado de articular el funcionamiento de Adifse, Sofse y Belgrano Cargas y Logística S.A. Luego, el DNU 70 de 2023 y la Ley Bases de 2024 impulsaron una nueva etapa de reorganización que incluyó la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. y de Sofse. En 2025, el Decreto 67 autorizó el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas.
Ese recorrido administrativo explica por qué el predio donde funciona el complejo deportivo continúa bajo la órbita del Estado nacional y forma parte de los bienes ferroviarios administrados por Belgrano Cargas.
La orden judicial
El conflicto tomó estado público tras conocerse el contenido del oficio librado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 de la Capital Federal, a cargo del juez subrogante Enrique Alonso Regueira, dentro de la causa “Belgrano Cargas y Logística S.A. c/ Cedena SRL y otros s/ Lanzamiento Ley 17.091”.
La resolución ordenó el desalojo de María Gabriela Cisneros y/o Cedena SRL, además de todo arrendatario, subarrendatario, ocupante o tenedor del predio ubicado en 24 de Septiembre y Suipacha, denominado Estación Ferroviaria Tucumán CC.
El fallo facultó al oficial de Justicia a requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar el inmueble y violentar cerraduras en caso de ser necesario. También dispuso la designación de un depositario para los bienes que no fueran retirados voluntariamente, los cuales deberán ser inventariados. El juzgado porteño libró un oficio al Juzgado Federal de turno de la provincia para ejecutar el lanzamiento.
La explicación oficial
El secretario de Deportes de la Provincia, Diego Erroz, aclaró que el Estado tucumano no tiene participación en el conflicto y explicó que el inmueble pertenece a Belgrano Cargas, organismo dependiente de Nación.
“Cuando asumí como subsecretario consultamos sobre la posibilidad de alquilar el predio desde el Estado provincial y nos explicaron que era inconstitucional que Nación le alquilara un inmueble a Tucumán. Por esa razón esa posibilidad no pudo avanzar”, afirmó.
Respecto de la administración del complejo, señaló que, según la información que pudo recabar, Belgrano Cargas habría alquilado el predio a un privado, quien luego cedía o subalquilaba los espacios utilizados por las disciplinas deportivas. “Imagino que el problema actual debe ser entre esa empresa y el privado que administraba el predio. No conozco los detalles del conflicto”, sostuvo.
El valor histórico
Un especialista vinculado al sistema ferroviario explicó que el conflicto trasciende el cierre de un complejo deportivo y se relaciona con el destino que tuvieron numerosos inmuebles ferroviarios desde hace medio siglo.
“Desde los 70 se inició el proceso de desarticulación, desarmado y desmontaje de toda la infraestructura ferroviaria. Eso significaba desafectar muchas estaciones, terrenos y muebles ferroviarios en todo el Gran San Miguel de Tucumán y en la capital también”, explicó.
Según indicó, con el paso del tiempo muchos de esos inmuebles dejaron de cumplir funciones ferroviarias. “Muchos de esos terrenos fueron usurpados o se transformaron en centros deportivos, culturales y recreativos. En el mejor de los casos, algunos municipios tomaron posesión de estaciones y después les dieron un fin social, sin desvirtuar el objetivo de conservar la infraestructura”, afirmó.
También aseguró que existen otras controversias vinculadas al patrimonio ferroviario. “Hay una denuncia en la Justicia Federal porque se cometió un delito al retirar vías. En el enlace ferroviario entre el ramal Central Córdoba y el ramal C8 se sacó un puente para evitar las inundaciones y el colapso pluvial en Barrio Parque Sur y otros lugares”, señaló.
La incertidumbre
Mientras el expediente judicial avanza, quienes dictaban clases en el complejo intentan reorganizar su trabajo, como le pasa a Adolfo Anta, profesor de Aikido desde 2000. “Nadie nos informó nada. Nunca dejamos de pagar. Tengo todos los comprobantes de las mensualidades. Todo fue muy intempestivo y muy abrupto. Las personas que hace tantos años estamos acá merecíamos, por lo menos, que nos avisaran con tiempo”, afirmó sobre el desalojo.
El docente señaló que nadie les explicó oficialmente los motivos del procedimiento. “Nos convocaron a una reunión un viernes a las 16, pero nadie se presentó. Lo único que hicieron fue decirnos que retiráramos nuestras cosas hasta las 17. Nos dejaron sin trabajo”, lamentó.
Jerónimo González, profesor de calistenia desde 2020, recibió la noticia por teléfono. “Cuando llegué el día del cierre, me encontré con que tenía que desalojar”, recordó.
La situación también afectó su economía. “Estaré sin ingresos hasta que pueda volver a abrir el gimnasio, con todos los gastos que eso conlleva”, concluyó.
Sin fecha de inauguración
Ferias de artesanía e indumentaria
No existe una fecha oficial en que se inauguró el histórico Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda de San Miguel de Tucumán como un espacio abierto a la comunidad para que desarrollen deportes o realicen prácticas artísticas, ya despojado de su funcionamiento relacionado con el ferrocarril. El predio cubierto incluso se destinó a eventos comerciales, ya que alojó varias ediciones de una feria internacional de artesanías y otras de indumentaria, junto a ser un sitio para certámenes de alcance regional de diferentes disciplinas. Su clausura judicial impide el acceso de personas no autorizadas al lugar.